La ley de trata tiene el aprobado alto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno ha ratificado este jueves el informe sobre el anteproyecto de ley, en el que, en general, celebra la batería de medidas que contempla la norma para hacer frente a la explotación sexual, el matrimonio forzado, la explotación laboral o el tráfico de órganos. Sin embargo, los vocales advierten de la necesidad de que su entrada en vigor venga acompañada de medidas presupuestarias, y recomiendan reformar la ley de extranjería para dar seguridad jurídica a los puntos que contemplan medidas para las víctimas procedentes de otros países. 

El informe señala que, pese a que la ley "podría dar lugar a solapamientos y duplicidades", en esta ocasión merece una valoración favorable dada la "necesidad" de unificar las normas que atañen a la trata y "evitar la dispersión normativa" que, a juicio del CGPJ, "obstaculiza un tratamiento eficaz de este fenómeno criminal".

La ley, que fue aprobada en primera vuelta del Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre a petición del Ministerio de Justicia, crea un sistema de "tutela institucional" para detectar a posibles víctimas de trata y derivarlas a los servicios especializados de asistencia y protección. En ese sentido, el CGPJ califica de "muy favorable" el proceso de identificación de las víctimas, en tanto en cuanto el articulado marca que deberá evitarse la revictimización, asegurar la presencia de intérpretes o mediadores culturales, y teniendo en cuenta las "necesidades especiales" de la víctima por su situación psicológica, emocional, de salud, posible discapacidad o minoría de edad. 

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En ese sentido, el informe preceptivo subraya la necesidad de averiguar en todos los casos que los intérpretes y traductores que intervengan no estén vinculados o pertenezcan al "entorno el entramado criminal"; algo que, según el órgano de gobierno de los jueces, "no es inusual" cuando se trata de dialectos poco habituales o conocidos. 

Una puesta en marcha "difícil" sin financiación

Sin embargo, el informe del CGPJ subraya en diversas ocasiones que de nada servirán las medidas incluidas en la norma si esta no va acompañada de la financiación necesaria. La implantación del "nuevo sistema diseñado", sostiene, resultaría "muy difícil" sin unos medios "materiales y personales" suficientes. 

El dictamen señala, en esa línea, la "llamativa ausencia" en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de una "certificación detallada de los importes necesarios para la puesta en marcha del sistema", salvo en lo que respecta a la creación de una Fiscalía concreta y especializada en trata y explotación de seres humanos. 

Formación y prevención digital

Las vocales Nuria Díaz y Clara Martínez de Careaga —designadas como ponentes para elaborar este informe— consideran "muy positivo" que el anteproyecto promueva la formación especializada de los profesionales de la justicia para asistir a las víctimas de trata.

Valoran también como "sumamente necesaria" la reforma del Código Penal para regular la actuación judicial ámbito digital, puesto que se utiliza como "herramienta de captación y oferta de servicios vinculados a la trata", y piden modificar la ley criminal y la de enjuiciamiento civil para determinar cómo habrían de procesarse ante contenidos ilícitos en este ámbito.

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Asistencia a las víctimas y ley de extranjería

El Pleno del CGPJ valora la regulación de los derechos de las víctimas en la ley, tanto por su carácter específico, como por estar adaptada a "todas las víctimas de trata y explotación. Le da "especial importancia" al hecho de que, para que las víctimas puedan ser atendidas, no sea necesario que hayan interpuesto una denuncia o que participen en la investigación. 

En la ley se establece que si la víctima es menor de edad, se valore la posible implicación de la familia en la trata o la explotación sufrida. Una medida que, para el CGPJ, debería extenderse también a las personas mayores de 18 años, ante la "frecuencia" con la que familias o allegados "están implicados en la captación e incluso en la explotación". 

Por otro lado, valoran positivamente la inclusión específica de las condiciones en las que debe darse el derecho de retorno asistido a su país de origen de una víctima de otro país. La ley mandata que se garantice su dignidad y derechos, que se garantice que la víctima recibirá asistencia médica,, psicológica y social al llegar a su país, y, en caso de que no tenga documentación, que se emitan las autorizaciones o documentos necesarios para viajar. Para todo ello, los magistrados recomiendan que se lleve a cabo "la reforma correspondiente" en el Reglamento de Extranjería.

"Severa crítica"

Pero no todo han sido alabanzas en el informe del CGPJ. Los vocales dirigen una "severa crítica" a la "desafortunada redacción" de la parte de la ley en la que se establece que los tribunales deberán asegurar que la víctima reciba una indemnización adoptando de forma urgente medidas para embargar o asegurar el decomiso de los bienes de los presuntos autores. Según el órgano de gobierno de los jueces, este precepto "atenta contra la independencia judicial de los magistrados instructores" que, denuncia, "no pueden ser obligados con carácter genérico a la adopción urgente de dichas medidas".

"La garantía de independencia es inherente a la función de juzgar y supone, entre otras cosas, que el órgano judicial ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia", zanja el informe.